La Comunidad subraya que, tanto algunos agricultores que expiden una autorización para la práctica del rebusco de aceituna, como los propios ‘rebusqueros’, y los mismos compradores de los puestos que recogen ese producto sin garantía alguna de trazabilidad, están actuando al margen de la Ley y, por tanto, exponiéndose a las sanciones que conlleva el cumplimiento de la normativa, según indican en nota de prensa.
Ante esta situación, la organización agraria reclama al Ayuntamiento de Almendralejo que, “como ha hecho en otras ocasiones, intensifique la actividad de la Policía Local para detectar puestos y vehículos que estén incurriendo en esta irregularidad; a la Junta de Extremadura que extreme las labores de inspección y a la Delegación del Gobierno que destine los efectivos de la Guardia Civil que sean necesarios para perseguir y sancionar estos actos”, según el comunicado.
La CLYGAL explica que este año, dada la escasa cosecha de aceituna registrada, la campaña se está prolongando, puesto que “no es asumible la contratación de personal externo en muchos casos, y los agricultores han optado por hacer la recolección con sus propios medios”.
Matiza, además que en otras localidades de la Comarca de Tierra de Barros, como pueden ser Arroyo de San Serván, Alange o Villalaba la cosecha es más tardía y aún se prolongará los próximos meses, por lo que “es inconcebible que estando en plena recolección se permita el rebusco”.
La Comunidad de Labradores de Almendralejo considera una “auténtica vergüenza que los puestos estén comprando este producto sin la documentación de trazabilidad reglamentaria, que como saben debe contener todos los datos sobre procedencia, titularidad, destino…, en definitiva, la identificación de la finca, propietario, transportista y receptor”.
Además, Administración y compradores “saben perfectamente que, hasta el 1 de marzo, como establece el Decreto 171/2016 sobre trazabilidad de uvas y aceitunas nos encontramos en plan campaña agrícola y, por tanto, el rebusco está prohibido”. La CLYGAL concluye reprochando al Gobierno de la Junta de Extremadura que “una vez más haga dejación de sus funciones y no ponga los medios necesarios para llevar a cabo las inspecciones precisas, contribuyendo a fomentar así el robo y el fraude por su incompetencia e inacción”.
