La Unión Extremadura ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo para presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común, de modo que en esta norma “se establecen las regiones homogéneas de producción que determinan los importes de las ayudas de la PAC que van a recibir agricultores y ganaderos del estado español”, según explica en un comunicado. Así, la organización indica que “se determina que las tierras agrarias extremeñas se encuadran en los últimos lugares -excepto la zona productora de tabaco- y, por lo tanto, los agricultores extremeños son los que van a recibir los importes de ayudas más bajos de toda España”.
Así las cosas, La Unión va a presentar en el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo en el que exigirán “que se respete la normativa comunitaria y que se establezcan las regiones de producción en base a criterios técnicos y no políticos”. Cabe destacar que “las 377.000 hectáreas de cultivo de secano las ubican en los puestos últimos y penúltimos de todo el Estado; toda la superficie de cultivo permanente extremeño (-olivar, viñedo, frutal, etc.- nos la ubican en la última región de producción, donde realmente hay cultivos permanentes; y la superficie de pasto nos las ubican en los puestos últimos y penúltimos de todo el Estado”, según explica La Unión. Así, presentó alegaciones al borrador de Real Decreto en el que exigían que las regiones de producción “se agruparan dependiendo de condiciones socioeconómicas y agronómicas similares, de tal manera que un olivar extremeño que sea similar a un olivar andaluz estén ubicados en la misma región y perciban por lo tanto las mismas ayudas por hectárea, exactamente igual en cereales de secado o pastos”.
La Unión sostiene en la nota que “el Ministerio de Agricultura, con la aquiescencia de la Junta de Extremadura, ha realizado un reparto político en vez de agronómico en el que la mayor parte de los agricultores extremeños hemos sido discriminados”. Calculan que con ello han perdido alrededor de los 14 millones de euros en tierras de cultivo de secano, 50 en cultivos permanentes y más de 77 millones en superficies de pastos permanentes.
