La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha acudido a la Fiscalía para denunciar la presunta existencia de una trama de compraventa de aceituna robada, que estaría operando en la comarca de Tierra de Barros y en las inmediaciones de la frontera portuguesa, según indica la organización en nota de prensa. La Comunidad de Labradores recurre al Ministerio Fiscal “ante la pasividad de las administraciones local, autonómica y central, a las que en el mes de noviembre se les solicitó públicamente que extremaran las tareas de control y vigilancia, al tener conocimiento de la proliferación de robos de aceituna en el campo y su posterior venta de forma irregular”.
A lo largo de los meses de diciembre y enero numerosos agricultores comunicaron a esta organización agraria que sus explotaciones “estaban siendo saqueadas y muchos de ellos pusieron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, cuyas investigación se encuentra en curso”. Según indica la CLYGAL “para activar la presunta trama ilegal, el titular del puesto de compra o un colaborador suyo falsificaría presuntamente la documentación de trazabilidad y se la entregaría a clientes seleccionados, identificando como origen de la mercancía una finca de titularidad del comprador o alquilada por este para así ocultar la procedencia real de la aceituna robada en otra explotación distinta a la que aparece en la documentación”.
También se utilizarían falsos contratos de explotación de fincas, de manera que “un propietario o arrendatario de un olivar receptaría gran cantidad de aceituna sustraída que, posteriormente legalizan como de su propiedad”. En otras ocasiones se darían presuntamente permisos ilegales para el rebusco de aceituna cuando esta actividad está prohibida en plena recolección y, como establece el Decreto 171/2016, de 18 de octubre de trazabilidad de uvas y aceitunas, hasta el 1 de marzo no se podrían proceder al rebusco.
De la investigación llevada a cabo por la propia CLYGAL se deduce que a lo largo de la presente campaña “los presuntos puestos implicados en esta trama habrían recibido miles y miles de kilos de aceituna, provocando un gran perjuicio a los agricultores y al sector en general, al tiempo que presuntamente se habrían enriquecido de forma ilícita, ya que el pago por esta aceituna robada, a una media de 0,45 euros por kilo, equivaldría a la mitad de lo que se paga con su correspondiente documentación de trazabilidad”.
La Comunidad de Labradores espera ahora que la Fiscalía lleve a cabo las actuaciones e investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos e imponga el castigo correspondiente a los responsables de los mismos, si es el caso. La CLYGAL concluye que, “ante el abandono de las administraciones públicas que sufre el sector agrario, y aunque la campaña actual está a punto de tocar a su fin, es imprescindible la actuación del Ministerio Fiscal para impedir que este tipo de tramas delictivas pueda actuar con total impunidad a lo largo del tiempo, ocasionando graves perjuicios a los propios agricultores y a las mismas arcas públicas”.
