La Plataforma contra la Contaminación denuncia el estado de los arroyos al Seprona

La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo ha remitido al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil un escrito-denuncia en el cual se ponía en su conocimiento el estado de los arroyos Las Picadas y Harnina “debido a los vertidos ilegales que se han producido durante años a sus cauces”, según indica el colectivo en nota de prensa, que advierte que se llevan denunciando más de una década. Además, lamenta que “ninguna administración” ha tomado medidas, “a pesar de hacerse público a través de los medios de comunicación y las redes sociales”.

En el comunicado hacen un recorrido sobre los procesos iniciados durante los últimos años, recordando que fue en 2015 cuando solicitaron información al Ayuntamiento sin obtener respuesta, por lo que posteriormente se acudió al Defensor del Pueblo. El colectivo añade que “tampoco lo tuvo fácil el Comisionado de las Cortes Generales”, que en un escrito comunica a la Plataforma que “no da [el ayuntamiento] respuesta con el suficiente nivel de detalle a las cuestiones suscitadas por el Defensor del Pueblo”. En tal documento se advertía sobre la situación del arroyo Las Picadas, aludiendo a un estado “insalubre”, la proliferación de plagas y afección al ecosistema acuático, entre otras cosas. El Defensor del Pueblo termina el escrito sugiriendo al ayuntamiento inspeccionar el arroyo.

 

Así las cosas, el citado Defensor del Pueblo informó sobre la aceptación del consistorio de tal sugerencia, a la vez que añadía que se considera necesario que “se mantenga un plan periódico de inspecciones a la zona afectada para evitar vertidos y/o el abandono de residuos en el arroyo de Las Picadas, así como se sancionen a los presuntos responsables de incumplir la normativa ambiental”, del mismo modo que solicitaban “más agilidad” al Ayuntamiento.

 

No obstante, la Plataforma manifiesta que “los vertidos al arroyo Las Picadas se vienen produciendo de forma continuada, al menos durante ocho años sin que se haya tomado ninguna medida para corregirlos”. La asociación sostiene en el comunicado que “estamos ante un probable caso que podría estar contemplado en el Código Penal”, por lo que consideran que la fiscalía “debería iniciar las pesquisas necesarias para dirimir las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir por acción u omisión los que tienen la obligación legal de actuar”. La nota concluye afirmando que “estamos seguros que el informe que realizará el Seprona, junto con la documentación del Defensor del Pueblo, le será de gran ayuda en estas averiguaciones”.