La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) hace un llamamiento a los agricultores para que no den permisos de rebusco en sus explotaciones, puesto que estamos en plena campaña de recolección de aceituna, hay muchas fincas que esperaron hasta ahora para hacer la cosecha, y hasta el 1 de marzo de 2024 no se pueden llevar a cabo prácticas de recogida de aceituna dejada en el campo por sus propietarios. Así lo indica este colectivo en nota de prensa, afirmando que, tras detectar que se están produciendo ventas de aceituna sin la correspondiente documentación, la Comunidad de Labradores advierte tanto a los agricultores que den esos permisos de forma ilegal, como a los compradores que reciban el producto sin constatar la correcta procedencia y trazabilidad de la aceituna "podrían estar incurriendo en un delito de fraude, ya que el dinero pagado y recibido por la aceituna robada podría eludir el control fiscal correspondiente".
La CLYGAL también hace un llamamiento a todos los agricultores para que no compren aceituna robada más barata, ni vendan su producción en aquellos puestos que compran aceituna de dudosa procedencia "porque si lo hacemos nos estaríamos convirtiendo en cómplices de la acción de los delincuentes, contribuyendo a un enriquecimiento ilícito a costa de robar al compañero". Además, advierte a los productores y compradores de que la aceituna "debe ir acompañada de su guía de transporte correspondiente, desde la finca hasta el destino final en que se entrega, así como de la documentación de parcelación del titular de la explotación, que contemple la finca de procedencia del producto".
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo también solicita a las autoridades competentes que extremen el control y la vigilancia en el tramo final de la campaña de recogida de aceituna en la comarca de Tierra de Barros "para evitar los robos y el fraude". Por último, recuerda que, gracias a la intensa actividad del Grupo Roca de la Guardia Civil, de los agentes del Servicio de Guardería Rural y de los propios agricultores que participaron activamente en el control y vigilancia de las fincas, hay investigaciones abiertas que pueden afectar a compradores y labradores por presunta complicidad en el fraude.
