Los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción de Extremadura están estudiando la posibilidad de presentar una querella contra el Gobierno de Fernández Vara “por haber dictado varias resoluciones administrativas en relación con el regadío de Tierra de Barros a sabiendas de que el proyecto era inviable y carecía de sustento legal alguno”, indica el colectivo en un comunicado. Además entienden que, “a pesar de que la Junta se había comprometido con Bruselas en no sacar el proyecto de regadío adelante, iniciaron los procesos expropiatorios para llevarlo a cabo en Tierra de Barros, habiendo sufragado importantes cantidades de dinero, no solo en funcionarios dedicados al proceso de expropiaciones, sino que además se pagó con dinero público a los propietarios los depósitos de ocupación previa de los terrenos que iban a ser expropiados; lo cual podría constituir un delito de malversación de caudales públicos”.
Cabe recordar que Ecologistas en Acción de Extremadura criticó desde el primer momento este proyecto que “no tenía ningún sentido desde un punto de vista económico ni tampoco medioambiental”. Añaden que “la escasez de agua en el Pantano de Alange y en la Presa de los Molinos impedía cualquier proyecto de regadío, aunque fuese de apoyo, como se decía por parte de la Comunidad de Regantes y el propio gobierno autonómico de Fernández Vara”. La asociación conservacionista sigue sin entender “cómo la Confederación Hidrográfica del Guadiana no ha tenido la seriedad y transparencia suficientes para advertir de que no había previsión hídrica para el proyecto de regadío en Tierra de Barros en el actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana”.
