La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) insta al alcalde de la ciudad, José María Ramírez, a que recurra al Gobierno "para demostrar su apoyo al proyecto de regadío de Tierra de Barros, en lugar de ofrecer unas instalaciones a la Comunidad de Regantes para que sigan funcionando con sus trabajos de tramitación, porque si esa es la necesidad, la Comunidad de Labradores pone a su disposición parte de sus dependencias".
La CLYGAL entiende que de este modo el alcalde "mostraría su verdadero apoyo al proyecto, ya que su accesibilidad a sus compañeros de filas y de Gobierno es sencilla, por lo que debería acudir a Madrid con el Consejo Rector de los Regantes y con los alcaldes afectados por el regadío, para así abrir las puertas de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica". La Comunidad de Labradores emplaza al alcalde a que recurra a la Secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, "para que busque la financiación necesaria para que el proyecto sea viable, y así la ex consejera de agricultura extremeña tendría una gran oportunidad para demostrar su compromiso con el Proyecto de Regadío, si es que alguna vez lo tuvo", indica el comunicado.
La organización agraria, además, propone al alcalde que a Teresa Ribera "le dé un plazo razonable para que resuelva definitivamente los informes, autorizaciones y permisos medioambientales que, directa o indirectamente dependan de sus competencias, de modo que así quedaría patente el compromiso del Ministerio y de la Alcaldía". La CLYGAL añade que "después de que el Gobierno de la Junta de Extremadura reiterase su firme apuesta por el regadío de Tierra de Barros, es hora de que el Gobierno de España haga lo propio y lo demuestre con hechos, y no con buenas palabras e incertidumbres, que es a lo que nos tienen acostumbrados. La Comunidad de Labradores concluye que, si el Gobierno de España es incapaz de lograr los fondos europeos necesarios para la ejecución del proyecto de Regadío, que vuelva al punto de partida y recurra a la financiación tripartita inicial entre el Estado, la Comunidad autónoma y los agricultores", concluye la nota.
