El almendralejense Juan Antonio Álvarez Lázaro ha asumido el relevo de Fernando Medina en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava. Así se ha producido para dar cumplimiento a lo estipulado en la candidatura conjunta presentada entre Requena (Comunidad Valenciana) y Almendralejo, gracias a la que estos municipios han logrado tener representación en el citado consejo. El integrante de Apag Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores y Ganaderos será el encargado ahora de velar por los intereses de los viticultores, aunque uno de los retos mayores pasará por buscar el crecimiento del número de hectáreas para la elaboración de cava. Así lo ha indicado Álvarez Lázaro es declaraciones a la prensa, añadiendo que tal incremento debería ser “sostenido, lógico y ponderado, sin afectar al stock y sin haber distorsión en el mercado”.
El representante extremeño es consciente de que se trata de un desafío “complicado”, aunque tratará de lograrlo, ya que en la actualidad son 1.800 las hectáreas que se pueden cultivar, lo que supone “unos 20 millones de kilos de uva”. Los datos apuntan a una cantidad entre seis y siete millones de botellas, por lo que más de 15 millones de litros de vino base han de salir a otros mercados. No obstante, el integrante del Consejo Regulador ha indicado que los últimos años han sido positivos para Almendralejo, destacando incluso proyectos futuros de ampliación y construcción de nuevas bodegas. Así, ha añadido que la capacidad productiva ha crecido mucho debido a varios industriales privados que se han adaptado a las necesidades del agricultor.
Por su parte, el representante saliente, Fernando Medina, ha destacado la “buena comunicación” entre ambos integrantes de la candidatura conjunta, realizando un balance positivo de estos años. Según ha afirmado, “una vez allí, los problemas son muy parecidos para todos los viticultores”, a la vez que ha añadido que “existe un concepto por el que intentan lograr el acuerdo de todos y un amplio consenso”. Con ello es más sencillo garantizarse el visto bueno del Ministerio de Agricultura a muchas de las decisiones tomadas por el Consejo Regulador.
