Apag Extremadura Asaja denuncia con rotundidad que "las recientes políticas adoptadas por la Comisión Europea son una nueva demostración del abandono sistemático al que se somete a los agricultores y ganaderos por parte de Europa y de nuestros propios representantes políticos". En un comunicado afirma la organización que "las últimas semanas hemos asistido a decisiones incomprensibles que suponen un grave perjuicio para el presente y el futuro del campo extremeño". Aluden a que "una de ellas ha sido la imposición de nuevos aranceles a los fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, lo que provocará un encarecimiento directo de los costes de producción, dificultando aún más la viabilidad de las explotaciones agrarias, especialmente en un momento de inestabilidad económica y crisis de precios". La nota añade que "a ello se suma el desplome de los precios de los cereales, una situación insostenible que está llevando al límite a muchos productores extremeños, al ver cómo semana tras semana bajan los precios en lonja. Pero lo más grave ha sido el último episodio vivido con el sector arrocero, que ha desatado la indignación entre los agricultores".
Afirman la nota que el pasado domingo 18 de mayo, el buque ‘Riva’, con bandera portuguesa, desembarcó 6.000 toneladas de arroz en el puerto de Valencia procedentes de Birmania, indicando que "el cargamento tenía como destino final la empresa Herba Ricemill, filial del grupo Ebro Foods, compañía de la cual el Gobierno de España posee el 10% del accionariado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)". "Este hecho no solo es incoherente, sino profundamente lesivo para los arroceros de nuestro país, ya que se promueve la entrada de arroz extranjero de baja trazabilidad sanitaria y condiciones dudosas, en detrimento del producto nacional".
La organización afirma que "la última decisión tomada por el Parlamento Europeo agrava aún más una situación ya crítica". A su vez, "este martes, la Eurocámara ha aprobado, con 411 votos a favor, 100 en contra y 78 abstenciones, una legislación que impone aranceles de hasta el 100 % a los fertilizantes nitrogenados procedentes de Rusia y Bielorrusia". "Esta medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y se aplicará de forma progresiva durante tres años, ha sido adoptada sin una evaluación seria del impacto que tendrá sobre los agricultores europeos, lo cual resulta profundamente irresponsable". Desde Apag Extremadura Asaja rechazan firmemente esta decisión, "que supondrá un encarecimiento drástico de los costes de producción para miles de agricultores, poniendo en peligro su rentabilidad y, por extensión, la seguridad alimentaria de Europa".
Afirma Apag Extremadura Asaja que "resulta especialmente indignante que todos los eurodiputados españoles del PP y del PSOE (a excepción de Elena Sancho Murillo) hayan votado a favor de esta propuesta, demostrando una desconexión total con las necesidades reales del sector primario". Por su parte, los eurodiputados de VOX han votado en contra, salvo Jorge Buxadé, que no ha emitido voto. También han votado en contra Alvise Pérez (SALI) y Estrella Galán (Sumar), mientras que se han abstenido Irene Montero (Podemos), Nora Junco y Diego Solier (SALI).
"Más grave aún es que estas prácticas se realicen bajo marcas que el consumidor asocia como nacionales, generando un grave engaño y poniendo en peligro la soberanía alimentaria". Desde APAG Extremadura Asaja "advertimos que, si no se produce un giro radical y urgente en la política agraria y comercial europea, no descartamos nuevas movilizaciones contundentes, como ya hicimos con nuestras protestas en Bruselas". Avisan de que "esta vez serán movilizaciones más amplias, no solo desde Extremadura, sino desde todo el sector primario europeo, que comparte nuestro hartazgo e indignación". La organización califica la situación como "intolerable y vergonzosa", añadiendo que "es momento de que los responsables políticos escuchen al campo y actúen en consecuencia, defendiendo a quienes realmente alimentan a Europa".
