La Unión Extremadura ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) contra tres bodegas elaboradoras de cava para que “les reclame los datos de entrega de uva y los compare con las fechas de registro de los respectivos contratos, para cerciorarnos de que efectivamente se está cumpliendo con lo estipulado en la Ley”.
La organización se basa en denuncias que han recibido alusivas a que estas bodegas estarían recibiendo la uva sin registrar los contratos. Según ha indicado La Unión, en más de una semana de vendimia de uva con destino a cava, “existen bodegas en Almendralejo que aún no han firmado los contratos de compraventa de uva con los agricultores que se la están suministrando, por lo que los mismos desconocen el precio que la bodega les va a imponer”. Así las cosas, añaden que “la Ley de mejora de la cadena alimentaria establece en su artículo 8.1 que todos los contratos deberán formalizarse por escrito y que los mismos tendrán que estar firmados y registrados antes del inicio del depósito de la mercancía en las instalaciones del comprador”.
La organización agraria señala que una vez se registren dichos contratos evaluarán si cumplen lo estipulado en el artículo 9 de la citada Ley y que el precio al menos cubre los costes efectivos de producción, que para esta campaña oscilan entre los 0,49 y los 0,58 €/kg, “a los que lógicamente el productor tendrá que sumar el beneficio que quiera obtener”.
Además, afirma La Unión que los viticultores extremeños van a tener una referencia del estudio de costes de producción gracias a los trabajos realizados por la Generalitat de Cataluña, “ya que la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura se niega a realizar los estudios de costes de producción que estipula la Ley de mejora de la cadena alimentaria con el argumento de que este estudio de costes no sirve para nada”. No obstante, esta organización considera que “los costes de producir un kilo de uva en Extremadura son similares a los de otras regiones de España, al ser variedades similares, pero no entendemos el motivo de que se reclamen competencias al Estado para luego no desarrollarlas en la región y nuestros agricultores tengan que buscar datos en los estudios realizados por otras administraciones regionales”.
