En el pleno del mes de junio, se produjo un rifirrafe casi al final, cuando se estaba tratando el último punto, el de ruegos y preguntas, tras una pregunta de la concejala popular Isabel Cortés, mientras se respondía desde el equipo de gobierno, varios de los concejales le reprocharon los gestos que supuestamente hacía Cortés, considerando que estaban fuera de lugar.
Incluso intervino el alcalde pidiendo respeto al pleno y a su persona, ante las palabras de la concejala popular, hechos que desde el Partido Popular se niegan de manera rotunda.
Más tarde, en la página de Facebook del PSOE local, apareció un video corto con las imágenes del incidente, grabadas frente a los populares, por lo que dicho grupo considera que se grabó desde la bancada socialista, a través de una concejala perfectamente identificada.
Considera el PP que este hecho agrava la situación al tratarse no de una publicación privada aislada, sino de una difusión en un canal político vinculado al partido que sostiene el gobierno municipal.
Estos hechos, según los populares, podrían constituir una grave vulneración del derecho al honor, a la propia imagen y a la reputación pública de la concejala afectada.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se defiende la máxima transparencia en la actividad pública. Precisamente por ello, el Ayuntamiento de Almendralejo dispone de un sistema oficial de video acta, certificado por la Secretaría municipal, que debe ser la referencia objetiva y verificable de lo sucedido en el Pleno.
El Grupo Partido Popular anuncia que se reserva expresamente el ejercicio de cuantas acciones legales resulten procedentes para la defensa de la concejala afectada, incluyendo acciones en materia de protección del derecho al honor, a la propia imagen y a la protección de datos personales.
Asimismo, si del análisis de la grabación, de su edición, de su difusión, de los mensajes que la acompañan o de su publicación en la página de Facebook del PSOE de Almendralejo se desprendiera la posible comisión de hechos constitutivos de infracción o delito, se valorará el ejercicio de las correspondientes acciones penales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o políticas que pudieran derivarse tanto para quien realizó la grabación como para quienes autorizaron, mantuvieron o difundieron la publicación.
