La Junta solicitará ampliar las hectáreas de cava tras la sentencia del Supremo

La Junta solicitará ampliar las hectáreas de cava tras la sentencia del Supremo
Fuente: JUNTAEX
La Junta de Extremadura solicitará que sean declaradas nulas las restricciones de cultivo de Cava D.O. de Extremadura, efectuadas en los años 2020, 2021 y 2022, tras la sentencia del Tribunal Supremo y, en consecuencia, pedirá la concesión para cultivar nuevas hectáreas en los tres próximos años.
La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para anunciar y valorar que el Tribunal Supremo haya vuelto a dar la razón a la Junta de Extremadura en la “férrea” defensa que ha hecho por el sector del cava extremeño. Según ha destacado, se trata de una sentencia firme por la que el Supremo anula dos artículos del real decreto ministerial en el que se eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir las plantaciones de las denominaciones de origen de cava. La Junta emprendió las acciones legales contra dicho texto al considerar que se materializaba un “relevante e inexplicable” protagonismo del Consejo Regulador como encargado de adoptar la decisión sobre las limitaciones de superficies de cara a  nuevas autorizaciones para plantaciones de cava, ya que la recomendación de este órgano resultaba vinculante en la toma de decisión ministerial.
 
Con esta anulación emitida en la sentencia del TS, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ahora “está obligado a consultar a las comunidades”, siendo el propio Ministerio quien restrinja la producción o no, pero siempre de una “manera motivada, con informes y consultando” a las partes implicadas, ha subrayado. Para concluir, la consejera ha defendido sectores clave en la región como el vitivinícola, el tabaquero, los frutales, el aceitero o el tomate, “líneas rojas” que la Junta defenderá “hasta los últimos extremos, siempre con motivaciones y por vías judiciales”. 
 
La sentencia del Tribunal Supremo estima íntegramente el recurso del Gobierno de la Junta de Extremadura, declarando la nulidad de la reforma y condenando en costas a la Administración del Estado, a la Organización Agraria Unión de Uniones y al Consejo Regulador de la DOP Cava.
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