J.J.R. // La asociación de centros de acopio de Badajoz ha elaborado un informe sobre la repercusión económica del rebusco en la comunidad autónoma. Lo han creado junto a la asociación de compradores de aceituna de Extremadura, actualmente en proceso de constitución. Este estudio ha surgido tras la petición de la Dirección General de Agricultura, una vez que ambos colectivos han mantenido una reunión para analizar la situación de esta práctica. Según ha indicado el representante de la asociación de acopio, Juan Luis Díaz, “es necesario que la Administración regule estas actividades porque repercute en la subsistencia de los pueblos”, en alusión a las “personas más humildes”. Así las cosas, se han mostrado disconformes con algunas cuestiones que plantea el Decreto de trazabilidad, sobre todo, en relación a lo manifestado en sus anexos sobre la procedencia y destinos del fruto, así como el hecho de que los agricultores autoricen el rebusco a partir del 1 de marzo. Desde estas asociaciones consideran que “se criminaliza” a los ‘rebusqueros’, por lo que han hecho llegar el informe a la Dirección General de Agricultura y están a la espera de una respuesta.
Según el estudio realizado, esta práctica puede suponer en torno a seis millones de euros en la comunidad autónoma, lo que se traduciría en 90.000 jornales. Basándose en ello piden que el centro de recogida de uvas y aceituna cuente con solicitud de licencia municipal con un libro de registro y control de las cantidades recepcionadas, así como la identificación del rebusquero. A su vez, solicitan que se establezca un límite para el transporte de 150 kilogramos de aceitunas diarias por persona y se emite una autofactura para ser firmada por el proveedor. Otro de los cambios que consideran importantes para introducir en el decreto se basaría en adelantar la fecha de fin de la campaña al 31 de enero, así como que se prohíba que sean los propios agricultores quienes se encarguen de las tareas de control y vigilancia de acceso de los rebusqueros a los puntos de recogida. Por todo ello, solicitan una reunión con la Delegación de Gobierno, la Junta y la FEMPEX para tratar estas cuestiones.
