REDACCIÓN // Una delegación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se ha reunido hoy con el titular de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Los representantes de UPA han aprovechado este primer encuentro bilateral para trasladar al Gobierno de Pedro Sánchez la urgencia de los muchos problemas que acechan a los ciudadanos y ciudadanas del mundo rural. El reto más acuciante, a juicio de esta organización, sigue siendo el reequilibrio de la cadena agroalimentaria: “Los agricultores y ganaderos seguimos sin obtener precios justos por nuestros productos, por lo que la Ley de Cadena Alimentaria, aprobada ya hace cinco años, no funciona como debería”, han sentenciado. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha explicado a Planas que los productores “no pueden esperar”. “Necesitamos un cambio político que aborde el desequilibrio en la cadena como un asunto prioritario para España. La venta a pérdidas debe abordarse desde la Ley de la cadena, ya que su prohibición por la Ley de comercio minorista es claramente insuficiente e ineficaz”, ha asegurado Ramos.
UPA ha aprovechado su presencia en el palacio donde se ubica el Ministerio de Agricultura en la madrileña Glorieta de Atocha para pedir a Planas que impulse un acuerdo sobre el presupuesto europeo que se destinará a la Política Agraria Común. “Las previsiones que nos ha trasladado de que no se cierre el presupuesto antes de las elecciones europeas –en mayo de 2019- no nos tranquilizan en absoluto”, han asegurado. En todo caso, UPA ha insistido en que la futura PAC debe centrarse en apoyar a los verdaderos agricultores y ganaderos, que viven en los pueblos y generan empleo, especialmente en los más jóvenes y en las mujeres rurales. Además de implantar un techo de ayudas ambicioso y modificar el sistema de regionalización. “Sólo así podremos luchar contra el despoblamiento”, han reconocido.
Los representantes de la Comisión Ejecutiva Federal de UPA han posado con el ministro Planas, no sin antes pedirle que recupere el presupuesto nacional para seguros agrarios a los niveles previos a la crisis, que modifique las tarifas eléctricas para los regantes, que controle que la subida a la fiscalidad del diésel no afecte a los profesionales del campo y que tenga en cuenta a los productores de alimentos en las políticas de lucha contra el cambio climático.