Defensa de lo Público afirma que hay casos de “sobreexplotación laboral” en el campo

Defensa de lo Público afirma que hay casos de “sobreexplotación laboral” en el campo
J.J.R. // La organización regional en defensa de lo público ha respondido a las declaraciones del secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, en las que se preguntaba dónde están los trabajadores extremeños para realizar tareas de recolección. El portavoz de la asociación, Juan Viera, ha manifestado que debería atenderse a algunas cuestiones como los salarios o los trabajos a destajo para obtener la respuesta, añadiendo que algunos trabajadores “no se someten a la sobreexplotación laboral”. Respecto al hecho de reunir 30 peonadas para obtener la renta agraria, desde Defensa de lo Público sostienen que muchas no son firmadas, llegando a cobrarse para que ocurra, situación que denuncian se produce en Tierra de Barros. A su vez, la organización apuesta por iniciar las negociaciones del convenio agrícola, solicitando la presencia de inspectores para abogar por su cumplimiento. Además, piden que se cambien las cotizaciones de los trabajadores agrícolas a la Seguridad Social para imposibilitar fraudes.  A estas cuestiones se une la solicitud de la asociación a la delegada de Gobierno, Yolanda García Seco, con el objetivo de reunirse con ella para solicitar un plan de actuación policial ante la llegada de temporeros a Almendralejo. Otro de sus integrantes, Ricardo Caro, ha añadido que esta petición viene marcada por la “falta de medios de la Policía Local”, aludiendo al presunto retraso de la revisión del etilómetro denunciado por CC.OO. A su vez, han realizado un llamamiento para que se revisen lo que consideran ‘pisos patera’ con la finalidad de que se percate el consistorio de si cuentan o no con cédula de habitabilidad, a la vez que abogan por controlar a través de Hacienda si constan los ingresos de los alquileres.  En otro orden de cosas, esta asociación también se ha referido al proyecto del centro cultural en la Plaza del Mercado, solicitando conocer la posición de Ceal, Asemce y la asociación de vecinos de la barriada, apostando por un uso mixto de las instalaciones que permita el regreso de los industriales.
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