REDACCIÓN // La Organización Regional en Defensa de lo Público (ORDP) ha abogado por la derogación del Decreto de trazabilidad de la uva y la aceituna, del que manifiestan en nota de prensa que “debe ser evaluado en el año 2018 según establece su propio articulado”. Añaden que la aprobación y aplicación del mismo “han puesto de manifiesto la subordinación del PSOE y del PP a los intereses económicos y sociales de ciertos sectores de propietarios agrícolas” localizados en Tierra de Barros. En la nota apuntan a la “criminalización del rebusco”, afirmando que “su identificación con el robo han sido ampliamente utilizados como soportes para la aprobación del Decreto”, mientras que aseguran que estos robos no han desaparecido, pero “se criminaliza a las clases más desfavorecidas que son la que recurren a esta actividad para poder sobrevivir dignamente”.
Así las cosas, proponen diversas medidas que “permitan el aprovechamiento de restos de las cosechas de uva y aceituna”, entre lo que destacan la creación por la Junta de Extremadura de una empresa pública “en la que puedan participar los establecimientos de compra que así lo decidan”. Sostienen que la misma “establecería una serie de puestos de compra de productos del rebusco” y vendería el fruto en una serie de localidades de Tierra de Barros. Además, apuestan por el libre acceso a las fincas en periodos establecidos para el rebusco, así como permitir determinadas cantidades de kilos transportados en vehículos y también permitidos en las ventas de los puestos de compra. En el comunicado también se alude a la ampliación del periodo de rebusco y destinar los beneficios de la empresa pública a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
