REDACCIÓN // APAG Extremadura ASAJA valora que la Dirección General de Transporte "haya respondido a la reinvindicación de esta organización, rebajando las tasas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) públicas agrarias en un 44 por ciento en nuestra región", informan en nota de prensa. Sostienen que "tras muchos años de reclamo sin respuesta, esta organización ha conseguido que los agricultores y ganaderos se dejen de ver afectados por una tasa que era cuanto menos abusiva, ya que Extremadura ha sido históricamente una de las comunidades autónomas con mayor tasa de ITV en vehículos agrícolas". De esta forma, los profesionales del campo tendrán que pagar un total de 32,39 euros -cuatro euros de tasas de tráfico incluida- para todos los vehículos agrarios, y no 52,25, tal como se llegó a pagar el año pasado o 51,67 euros en 2016, informa el colectivo.
Atendiendo a toda maquinaria agrícola inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) en Extremadura, que obligatoriamente tiene que pasar la inspección técnica de vehículos, esta organización estima que la rebaja de la ITV va a suponer una ahorro de 2,3 millones de euros al campo extremeño. La decisión de la Dirección General de Transporte "responde así a la aclamación popular de agricultores y ganaderos extremeños, que hartos de verse afectados por este abuso se pusieron en contacto con esta organización para poner solución al problema".
La organización agraria añade que "es por ello que APAG Extremadura ASAJA se puso manos a la obra con estudios, informes y continuas tomas de contacto con la Administración autonómica, a fin de establecer una tasa asequible y justa, ya que hasta hoy este impuesto suponía un atraco para los profesionales del campo", afirman. Califican el resultado como satisfactorio, pues "a partir de ahora los agricultores y ganaderos no van a ver dañados sus bolsillos con abusivas tasas a las que se veían sometidas sus maquinarias agrícolas". Cabe destacar que las tasas aplicables a la ITV son jurisdicción de cada comunidad autónoma, que puede establecer las tarifas o los precios máximos de competición entre los operadores públicos y privados del sector.
