J.J.R. // El Partido Socialista ha manifestado en rueda de prensa que la formación política ha ganado las cuatro sentencias relativas a las tasas de alcantarillado, limpieza y extracción de acometidas, abastecimiento y depuración. Sobre ellas se aprobó en su día un incremento del 5,2 por ciento en las tres primeras y de 18,15 por ciento en la última. Así las cosas, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, los socialistas se preguntan los motivos de que el Ayuntamiento de Almendralejo haya presentado recursos de casación al Tribunal Supremo, afirmando su portavoz que “los argumentos que esgrimen son casi los mismos que la empresa Socamex”. Piedad Álvarez ha manifestado que el interés de una empresa de obtener beneficios no debe ser el mismo que el de un ayuntamiento, que debe basarse en el interés general. Según la portavoz de la oposición, la sentencia alude a que el aumento del IPC no puede conllevar el incremento en el mismo porcentaje de las tasas del agua, por lo que la empresa “tenía que presentar estudios de costes por separado” de cada una de ellas para justificar las subidas. Así las cosas, ha afirmado que “el PP se resiste a cumplir la sentencia”.
Por su parte, el consistorio estaría condenado a pagar 20.000 euros en costas, una cuantía que ascendería a 60.000 en caso de no admitirse el recurso de casación en el Supremo, según los socialistas. Además, Álvarez ha indicado que conllevaría un largo proceso de años, afirmando que ya “se ha cobrado indebidamente 414.900 euros” a los ciudadanos, aludiendo a la devolución de las cantidades que estiman la sentencia en los recibos de los vecinos. Esta cantidad se corresponde con el periodo establecido entre julio de 2016 y junio de 2017. Si bien, desde la oposición añaden que si perduran estas subidas durante los 15 años de la concesión, se cobrarían indebidamente 6.223.505 euros. No obstante, la sentencia ha permitido, según Álvarez, que la subida del 1,5 por ciento del agua de septiembre de 2017 no se haya llevado a efecto, “al quedar nulas las anteriores”. Por todo ello, exigen explicaciones al alcalde García Lobato, afirmando que no reciben respuestas en los plenos y “tampoco se ha admitido el ruego de paralizar los recibos que están en la vía ejecutiva”, que se corresponden con “la gente que no puede pagarlos”.
