J.J.R. // El foro sectorial agrario ha solicitado a la Junta de Extremadura que se aumente la vigilancia en los puestos de venta y compra de aceitunas y uvas con el objetivo de evitar robos en el campo. Lo han hecho a través de una moción de la Comunidad de Labradores a las que se han unido el resto de integrantes del foro, es decir, Unión de Uniones, UPA-UCE y la comunidad de regantes de Tierra de Barros. El colectivo quiso elevar a sesión plenaria este asunto, de modo que fue presentada por el Grupo Popular, quedando aprobada con el voto afirmativo del equipo de gobierno, mientras que el PSOE votó en contra de este asunto. El presidente de la Comunidad de Labradores, Juan Jesús Rama, ha indicado que el objetivo pasa por erradicar los robos que están padeciéndose en el campo a lo largo de toda la provincia pacense, con los consecuentes destrozos en las explotaciones agrícolas. Mantienen que se ha mejorada con la existencia del decreto de trazabilidad, si bien, consideran que faltan determinadas herramientas para poder actuar con inspecciones y un régimen sancionador en los puestos de compra y venta. Además, aluden a un presunto desacuerdo entre las consejerías de Salud y Medio Ambiente, por lo que piden colaboración a la Junta de Extremadura.
Así las cosas, a través de esta moción solicitan que se inste a la Administración regional a delimitar las responsabilidades, cerrar los puestos que no cumplan con la legislación y coordinar los recursos de las administraciones implicadas. Desde el foro agrario mantienen que se están produciendo robos para vender el producto fuera de la región, desconfiando también de que sean aptos para el consumo. A ello se suma que con estos robos se destrozan los olivos o rompen los brotes, según apunta Rama. Por su parte, la delegada de Agricultura, Beatriz Palomeque, ha señalado que el ayuntamiento ha habilitado un punto para almacenar las aceitunas que se incautan.
LA UNIÓN
La Unión Extremadura exige coordinación para evitar los robos en el campo.
Sostienen que el decreto afirma que “las Consejerías con competencias
concurrentes en materia de agricultura y salud pública llevarán a cabo sistemas
de controles coordinados para velar por el cumplimiento de la legislación
agroalimentaria.” Así las cosas, la nota de prensa apunta que “como todos los
años por estas fechas, las organizaciones agrarias, cooperativas, etc. venimos
denunciando el robo de productos agrícolas en el campo”, insistiendo en que “es
prácticamente imposible vigilar las explotaciones, pero es fácil vigilar los
puestos de recogida de estos productos y determinar que producto es robado y
cual es de producción propia”.
Apuntan que “como todos los
años se está produciendo una descoordinación entre la Delegación del
Gobierno, responsable de las fuerzas de vigilancia y de la Junta de Extremadura, que a
través de su Consejería de Medio Ambiente y de Sanidad no están actuando como
les mandata el Decreto citado”.
Desde La Unión de Extremadura instan
a la Delegación
del Gobierno y a los titulares de las Consejerías de Medio Ambiente y de
Sanidad a que se coordinen y a que “cierren de una vez todos los puestos de
recogida de productos agrarios robados”. Añaden que van a remitir a los ayuntamientos
de zonas productoras de aceitunas una propuesta para que los plenos aprueben
una moción exigiendo a ambas
administraciones que cumplan con su cometido.
DEFENSA DE LO PÚBLICO
La organización regional en defensa de lo público ha
expresado en nota de presa su voluntad de “integración en nuestra localidad de
personas procedentes de otros países”. Para ello han solicitado entrevistas,
según apunta la nota, con la
Delegación de Gobierno, la Consejería de
Agricultura y el Ayuntamiento de Almendralejo, además de organizaciones
agrarias. Mantienen que la intención es hacerles llegar sus propuestas en
relación a las campañas agrícolas. Las mismas pasan por prever la mano de obra
necesaria para la realización de las tareas y sus necesidades habitacionales,
así como aumentar el personal destinado a impedir los robos y cumplir los
convenios colectivos.
El comunicado afirma que la Delegación de Gobierno
“debe activar los mecanismos precisos” para impedir que algunos empleadores
puedan organizar desplazamientos masivos de personas desde el extranjero.
Además, afirman que las administraciones públicas que tengan competencias deben
impedir los pisos-patera y el alquiler de viviendas en condiciones de dudosa
habitabilidad. Se pide también la colaboración de los propietarios agrícolas,
así como la colaboración de la administración educativa para “conseguir la
plena escolarización de menores inmigrantes”.
