REDACCIÓN // La Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (Asevex) ha mostrado su “indignación y repulsa” por las denuncias formuladas por algunas organizaciones agrarias “en las que se acusa a los industriales del sector vinícola de incumplir la Ley de la cadena alimentaria, al no poner precio a las uvas ni formalizar contratos”. El colectivo sostiene que estas denuncias “son totalmente infundadas y han provocado numerosas inspecciones en las bodegas por parte de las autoridades competentes en la materia”, reiterando que con ellas “se ha demostrado que las acusaciones vertidas son totalmente falsas”. En nota de prensa añaden que con afirmaciones como esas “solo se consigue romper la armonía que siempre ha caracterizado las relaciones entre viticultores e industriales, puesto que en ningún momento las bodegas han tratado de estafar a nadie, como se deja entrever en las acusaciones citadas”.
Así, recuerdan que la Ley de la cadena alimentaria afecta a todos los sectores productivos y a todos los productos agrarios. No obstante, añaden que solo oyen a las organizaciones agrarias “atacar al sector industrial del vino extremeño, que transforma solamente el 25 por ciento de la producción de uva de Extremadura”. Así las cosas, en el comunicado se preguntan “si los demás sectores cumplen escrupulosamente la Ley”, a lo que añaden que “también es conocido en el sector que todos los años hay organizaciones agrarias de Tierra de Barros que subastan entre los bodegueros la venta conjunta de las uvas de sus afiliados, pactando únicamente una prima sobre el precio, sin que se fije de una forma concreta” y “esas mismas asociaciones denuncian luego en ruedas de prensa una supuesta existencia de contratos sin precio”. Por todo ello, afirman que “es evidente que la legislación se debe cumplir”, por lo que hacen un llamamiento a ello, pero muestra su “total rechazo a estos ataques continuos y generalizados a las bodegas que cada vez en menor número compran la uva de una parte de los viticultores extremeños”.
