J.J.R. // El PSOE ha exigido explicaciones al alcalde García Lobato tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo citó a declarar. Los socialistas añaden que lo hizo como imputado, del mismo modo que los concejales Luis Alfonso Merino y José Antonio Regaña. El grupo de la oposición ha pedido que el regidor almendralejense salga a la opinión pública para manifestar “qué está sucediendo durante los últimos cinco años”, añadiendo que “se está cumpliendo” lo que pronosticaron. La secretaria general, Piedad Álvarez, ha incidido en que están imputados, añadiendo que es por ello que pudo declarar con un abogado y afirmando que tras la investigación realizada por la UCO es cuando se entregó el informe el pasado 21 de junio. De hecho, ha manifestado que cuando el nuevo juez, Manuel García, estudie tal informe, no duda en que será llamado a testificar en la Audiencia Nacional. Según Álvarez, todo esto comenzó en 2012 cuando se realizaron determinadas auditorías energéticas y “se enviaron al técnico los pliegos que la empresa Cofely hizo llegar al ayuntamiento”. La cronología continuaría en 2013 con una reunión entre el gerente de Cofely, Pedro García, mantenida entre García Lobato, Regaña y el técnico de infraestructuras eléctricas, del que indica que ha sido “vaciado de competencias” actualmente. De hecho, este último habría sido citado a declarar en 2016 como testigo. Estos datos aportados por el PSOE, personado en la causa, también apuntan a que el citado técnico advirtió por escrito de posibles irregularidades, por lo que podría incurrirse en un delito de prevaricación en caso de continuar los trámites. Tras la oposición del PSOE sobre este proceso de licitación de un contrato municipal del alumbrado valorado en más de 20 millones de euros, la agrupación presentó el contencioso-administrativo para denunciar los hechos. Álvarez ha indicado que los acontecimientos se precipitaron debido a dos ‘chivatazos’ de dos guardias civiles, por lo que las ofertas se encontraban en Electrificaciones Parra cuando acudieron al ayuntamiento los miembros de la UCO. Además, el directivo de esta empresa también estaría imputado, según los socialistas.
Desde el PSOE indican que fue al levantarse parte del secreto de sumario cuando conocieron el viaje a París que realizó el alcalde invitado por Cofely, mostrando incredulidad en el hecho de producirse por el interés en ‘smart cities’ y rechazando la versión del alcalde en que aludía al patrocinio de un campeonato de karate y la construcción de un vivero de empresas. Es por ello que ha manifestado que los suministros eléctricos estaban inflados en un 20 por ciento, sosteniendo que “parecía que alguien estaba poniendo el cazo”, atendiendo a sus propias palabras. Los abogados de la formación política han manifestado al PSOE que podría haberse incurrido en delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en el caso de haber intentado favorecer a una empresa. El grupo de la oposición se ha mostrado convencido de que poco a poco se irán conociendo más datos y también han exigido explicaciones a José Antonio Monago, del que afirman que “no defendió” al alcalde.
