J.J.R. // Las tasas de agua que abonarán los vecinos de Almendralejo volverán a regirse por las ordenanzas fiscales anteriores a la actualización que se aprobó en la legislatura anterior y que supuso el incremento de los recibos. Será así tras haber pasado por Pleno la propuesta de la Alcaldía-Presidencia para dejar sin efecto tales ordenanzas que regulan los servicios de prestación de suministro de agua potable, depuración de aguas residuales, alcantarillado, así como limpieza y extracción de acometidas, carteles y pintadas. Tras las sentencias que dieron la razón al PSOE y tumbaban la actualización de las tasas, el Pleno ha aprobado que los recibos que gire la empresa Socamex a los usuarios tengan en cuenta el contenido de la sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, “aplicando las cuantías resultantes de las tarifas vigentes antes de su modificación”. Aunque Vox no quiso participar en el tratamiento de este asunto durante la sesión, su portavoz, Eloísa Gracia, sí valoró positivamente en sus valoraciones la participación de un representante de Facua. Desde este colectivo, José Manuel Núñez, preguntó cómo se devolverá “el dinero irregularmente cobrado”, afirmando que la asociación estará “ayudando a los usuarios para que lo soliciten”. A pesar de ello, el alcalde de la ciudad, José María Ramírez, ha indicado que el Ayuntamiento “cumplirá estrictamente lo que dice la sentencia”, aclarando que esto último no aparece en la misma. En caso de ser así, el regidor ha manifestado que se haría saber a Socamex. Por su parte, desde Ciudadanos han explicado que las tasas han de revisarse, añadiendo Juan Arias que desconocen si el resultado será similar, menor o mayor. En cuanto a la posición del Partido Popular, han manifestado que la sentencia indica que el procedimiento para calcular la actualización que se llevó a cabo durante su mandato no fue el correcto. Su portavoz, José García Lobato, ha solicitado que la actualización se haga “con celeridad”. Este punto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos, de modo que la portavoz del PSOE, Raquel del Puerto, ha explicado que se ha esperado a recibir las notificaciones oportunas de las sentencias con el objetivo de llevarlo a Pleno. En otro orden de cosas, la sesión plenaria desestimó las dos mociones de VOX para revocar la adhesión a la FEMP y solicitar al consistorio la realización de PCR a los docentes. En esta última petición coincidió también la posición del PP, si bien, los grupos de Ciudadanos y PSOE no votaron a favor al tratarse de competencias de la Administración autonómica, ya que los profesores son empleados de la Junta de Extremadura. Por otra parte, se adoptó un acuerdo relativo a la política de firma electrónica, la inclusión de un local del PIR de la Enológica en el inventario de bienes, así como expediente de concesión de créditos. Este último tiene un importe de 275.000 euros fijado como justiprecio de unos terrenos propiedad de un particular para hacer frente al cumplimiento de una sentencia. Finalmente, con el voto en contra de Vox, también se aprobó la actualización de las cuantías de productividades y gratificaciones del personal funcionario y laboral fijo del consistorio.
