J.J.R. // El Partido Popular ha reclamado más flexibilidad en el Plan de Empleo Social que se ha aprobado recientemente por parte de la Junta de Extremadura. Sostienen que se trata de una de las diferentes cuestiones que ya les plantearon en un encuentro con otros consistorios realizado recientemente. Sin embargo, lamentan que estas indicaciones no han sido tomadas en cuenta finalmente. Es por ello que el próximo lunes presentarán una moción en la sesión plenaria para solicitar determinadas modificaciones. El presidente de los populares en Almendralejo, José García Lobato, ha indicado en rueda de prensa que el plan condiciona gran parte de los recursos municipales, de modo que el pasado año se recibió en torno a medio millón de euros y el ayuntamiento tuvo que aportar 200.000 euros más. Se trata de unas cantidades similares a las de la actual convocatoria, cuando se destinará a la capital comarcal 498.000 euros.
García Lobato también ha manifestado que con este programa no se persigue la empleabilidad, ya que no pueden aspirar a él quienes cuenten con algún tipo de ayuda o subvención, a excepción de la renta básica. Es por ello que los populares argumentan que con esto se pretende que tras finalizar estos trabajos de seis meses, los beneficiarios soliciten la prestación por desempleo que otorga el Estado, en lugar de continuar percibiendo la renta básica de la Junta de Extremadura que puso en marcha el Gobierno regional del PP la pasada legislatura. A ello se suma, según el PP, que no se evalúan las capacidades de las personas con una preselección, cuestión que consideran que debería hacer el Sexpe. Además, añaden que se condiciona la cuantía de los puestos de trabajo en lugar de otorgar una cantidad global a los ayuntamientos, lo que tiene como consecuencia que se trate de empleos “muy básicos” que, aún así, tienen que "complementar salarialmente".
Por su parte, los populares han solicitado flexibilidad para no tener que hacer las contrataciones en dos remesas y poder desarrollarlas de forma progresiva a lo largo de seis meses, en función de las necesidades y permitiendo una mejor organización a los ayuntamientos. Cabe destacar que son los consistorios quienes tienen que dotar a estas personas de las herramientas, materiales y formación en riesgos laborales a los trabajadores. Todas estas cuestiones han sido puestas en conocimiento por diversos ayuntamientos como Cáceres, Badajoz, Plasencia o Almendralejo, sin haberse tenido en cuenta en el decreto publicado recientemente, según el PP.
