REDACCIÓN // La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha decidido la adjudicación provisional para la elaboración del proyecto básico, estudio de viabilidad, evaluación ambiental estratégica y plan general de transformación de la zona regable de Tierra de Barros. Así se lo ha comunicado la consejera, Begoña García, a la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros en el transcurso de una reunión celebrada en la sede de la Consejería, en Mérida, a la que también ha asistido el director general de Desarrollo Rural Bernal Manuel Mejías. Esta adjudicación supone un paso firme y un claro impulso para que los regadíos de Tierra de Barros puedan ser una realidad. La realización de estos trabajos es imprescindible para poder seguir avanzando en este importante proyecto para Extremadura y para los agricultores de Tierra de Barros.
Este contrato ha sido adjudicado a la UTE TXT INGENIERIA-MS INGENIEROS por un importe de 102.500 euros, que cuenta con un plazo de diez meses para su ejecución. En los próximos días se realizará la adjudicación definitiva y firma de contrato. Desde la Consejería se viene trabajando con una rigurosa planificación, con transparencia y con consenso con los agricultores representados por la Comunidad de Regantes, aspecto que es necesario destacar ya que son fundamentales para poder avanzar.
Con esta adjudicación queda patente el apoyo de la Junta de Extremadura a este proyecto que supondrá la transformación de 15.000 hectáreas, todo ello desde el convencimiento de que la medida de desarrollo rural con efectos más importantes e inmediato es la puesta de nuevos regadíos, ya que afecta claramente a las expectativas de la población en un plazo inmediato y al mismo tiempo abre otras expectativas económicas de futuro. No hay otras medidas que incidan en la vida económica, en la fijación de población, en la creación de empleo como la desarrollada por la puesta en riego de una comarca. A partir de ahora, la Consejería señala que seguirá trabajando para conseguir la financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones y la Declaración de Interés General por parte del Gobierno de España.
