REDACCIÓN // La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha denunciado en nota de prensa que los bodegueros extremeños están incumpliendo la ley que regula los contratos de compraventa de uva, al tiempo que siguen sin proporcionar los precios en la presente campaña. El colectivo sostiene que, tras analizar la difícil situación en la que se encuentra el sector de la uva, la organización agraria ha comprobado que bodegueros de la región están recogiendo la uva sin precio ni contrato. Es por ello que advierten que “esta situación de ilegalidad no se puede consentir, ya que mientras que los agricultores tienen que cumplir todas las condiciones impuestas por los bodegueros, estos incumplen sistemáticamente la normativa”. Así, recuerdan que la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria obliga a que el precio de la uva figure en el contrato cuando se firme y que el pago general se realice en un plazo de 30 días desde el fin de su entrega. Además, según dicta la norma “quedan excluidas de su ámbito de aplicación las entregas inferiores a 2.500 euros y las que se realicen a cooperativas agrarias y otras entidades asociativas por parte de los socios de las mismas siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a su realización”. Estas cuestiones han sido puestas de manifiesto en la RCB por el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, que ha añadido que el precio de la uva debería ser algo superior al de la pasada campaña.
LLAMAMIENTO A VITICULTORES
La organización asegura que esta normativa no se está respetando en la región, por lo que estará pendiente de este tipo de actuaciones irregulares y no acordes a ley. Además de exigir el cumplimiento de los contratos, insta a que las tablillas públicas recojan unos “precios justos”, teniendo en cuenta la situación particular del sector en estas fechas. Sobre la misma añaden que “empeora día tras día debido a la inclemencias meteorológicas que venimos padeciendo, sin olvidar la situación de mercado de los vinos extremeños”. Es por ello que advierten de que si esta situación no cambia, la organización profesional agraria hará un llamamiento a los viticultores de la comunidad autónoma con el objetivo de paralizar la recolección hasta que no se pague “un precio digno”. Todas estas reivindicaciones las darán a conocer a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo que debe controlar estas cuestiones según Metidieri. Además, las últimas estimaciones sobre la producción prevén que descienda en un 25 por ciento, respecto al año anterior.
