J.J.R. // La Organización Regional en Defensa de lo Público (ORDP) ha denunciado lo que denominan problemas derivados de la llegada masiva de inmigrantes a Tierra de Barros, especialmente, a la capital comarcal. Desde el colectivo sostienen que esta afluencia que se produce con motivo del inicio de las campañas de cosecha han dado lugar a la existencia de viviendas donde estas personas se encuentran hacinadas. Su portavoz, Juan Viera, ha indicado que estos domicilios no reúnen las condiciones adecuadas de salubridad e higiene, con los consiguientes problemas de convivencia que ello genera. Esta es una de las razones que esgrime la organización para solicitar que se tomen medidas. Lo reclaman a la Junta de Extremadura, la Delegación de Gobierno, las organizaciones agrarias y sindicales y los ayuntamientos. Viera ha afirmado que “hay que buscar soluciones a estos problemas rápidamente”, del mismo modo que “rápidamente han hecho el proyecto de decreto para cargarse el rebusco”. Esas eran las palabras empleadas por el portavoz, añadiendo que estas cuestiones se repiten cada año y existen medios para regularlo todo a través de un programa de integración con trabajadores y educadores sociales. Reclaman, por tanto, que se instruya a esta población en la ocupación de espacios públicos, la convivencia vecinal y se controlen los contratos de trabajo.
Otro de los integrantes de esta organización, Ricardo Caro, ha mostrado su malestar con el PSOE, añadiendo que “es preocupante” que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, “siga una política agraria que viene de los años en que Extremadura estaba gobernada por el Partido Popular”. Así, pide que se acuerde de “los más necesitados”, del mismo modo que aprovechó para incidir sobre las medidas del anteproyecto de decreto para regular el transporte de mercancías en las cosechas.
