J.J.R. // Tras la ruptura de la viga que obligó al cierre de la biblioteca municipal Marcos Suárez Murillo en Almendralejo, finalmente ha sido aprobado el proyecto para realizar las actuaciones que permitirán su reapertura. Será el ayuntamiento de la ciudad el que abordará estas obras con fondos propios tras no recibir el apoyo de la Junta de Extremadura. Lo que sí les ha llegado desde la Administración autonómica ha sido la aprobación de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural para poder actuar en las instalaciones. Así las cosas, existe un proyecto que han realizado los técnicos municipales y que tras la citada aprobación, deberá pasar por Junta de Gobierno Local para sacarlo a concurso público. El delegado de Obras, Juan Daniel Bravo, ha indicado que estas actuaciones conllevan un plazo de ejecución que, previsiblemente, será de unas tres semanas o un mes. A pesar de acometer estas obras, el consistorio continuará reclamando su coste a la Junta de Extremadura, ya que mantienen que el proyecto que se realizó hace años por parte de esa administración no se corresponde con lo que finalmente se ejecutó. De este modo, la actuación que se va a realizar será sobre las vigas cerchas. El coste aproximado es de unos 40.000 euros, a lo que habría que sumar el desembolso que hubo que realizar para analizar el estado de las instalaciones.
DEFENSA DE LO PÚBLICO
Estas obras no incluyen la sala de exposiciones, de la que no se ha remitido el proyecto a la Junta, aunque sí se les ha dado a conocer el coste aproximado. No obstante, según el equipo de gobierno, con las mejoras que se realicen ahora se podrán abrir las instalaciones. Precisamente a este asunto se ha referido escasos minutos después la Organización Regional en Defensa de lo Público (ORDP), manteniendo que se debería haber actuado ya en la reparación integral y añadiendo que debían haber sido los funcionarios del ayuntamiento quienes hubieran realizado el informe previo, en lugar de una empresa externa. Además, uno de los portavoces del colectivo, Ricardo Caro, ha afirmado que si la obra que se realizó no coincide con el expediente, se pueden querellar y que sean los tribunales quienes dictaminen a quién pertenece el coste de la remodelación. Incluso opinan que el gobierno local tiene previsto destinar 80.000 euros para la demolición del edificio del sindicato que podrían destinar a la reforma de la biblioteca.
