Un total de 2.623.000 euros debe la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Almendralejo, según se puso de manifiesto en el debate de alguno de los puntos que se han abordado en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de febrero. Este dato lo dio a conocer el alcalde García Lobato, en respuesta a la portavoz socialista, Piedad Álvarez, quien sostuvo que el consistorio debe medio millón de euros al servicio de bomberos. Estas cuestiones se dieron a conocer en la moción por urgencia que presentaron y aprobaron de forma conjunta los dos grupos de la corporación municipal mostrando su rechazo a la posible supresión de las diputaciones provinciales que engloba el pacto nacional alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos. A pesar de ello, el primer teniente de alcalde, Luis Alfonso Merino, explicó que esa cantidad corresponde al año actual, que se abona en 2016. Aunque aprovechó la ocasión para recordar que en 2011 se encontraron tres anualidades pendientes de pago, es decir, un millón y medio de euros. Ante todas estas cuestiones, García Lobato informó sobre la citada deuda de la Junta con el consistorio, procedente de algunas subvenciones o planes como el Experiencia, del que aún faltan por pagar al ayuntamiento 308.000 euros. Además, han dejado de recibir 226.000 euros correspondientes con un proyecto de construcción del polígono industrial a través del Plan Reindus, ya que ese dinero se empleó en otros fines y no en los contemplados, según manifestó el regidor almendralejense. En cuanto a la moción tratada cuando se dieron a conocer estas cifras, quedó aprobada con el voto afirmativo de ambos grupos, por lo que sostienen que el presente de las diputaciones no pasa por su eliminación.
El pleno también aprobó por unanimidad la inclusión de los quioscos-bar de los parques Las Mercedes y Dulce Chacón en el inventario municipal de bienes, del mismo modo que ocurrió con el albergue juvenil de la avenida Rafael Alberti. Además, los dos grupos también aprobaron la cesión de este último edificio a la asociación Aprosuba para ubicar allí una residencia para sus usuarios. Esta cesión se realizará por un periodo de tiempo indefinido siempre que se cumpla el objetivo de la misma y será el colectivo quien se encargará de los gastos de suministros y el coste de los seguros.
Por otra parte, el pleno aprobó varias mociones por urgencia propuestas por el Grupo Popular. Una de ellas contemplaba diversas medidas a adoptar ante las sustracciones de cosecha y que se basan en realizar inspecciones y cierre de puestos que no cumplan con las condiciones de salud apropiadas o el seguimiento y control del producto, entre otras cosas. Aunque este punto fue aprobado con los votos de ambos grupos, no sucedió lo mismo en otras mociones por urgencia presentadas por los populares como la consistente en instar a la Junta a que incluya en el presupuesto para 2016 la subvención nominativa de 40.000 euros a la Asociación para la Atención y la Integración Social de las personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex). Así se buscaba continuar colaborando con la Administración regional en la búsqueda de la inserción laboral para este colectivo a través del programa Adáptate. A pesar de ello, fue aprobado con el voto del PP, del mismo modo que ocurrió con otra moción para instar a la Junta a que licite el proyecto de construcción de 24 viviendas sociales en la calle Clara Campoamor. Merino expuso que la Junta pretende comprar a la Sareb viviendas de renta libre por cuatro millones de euros, atendiendo al edificio que la Corrala Almendralejo tiene ocupado en la calle Ganaderos. Es por ello que sostuvo que se podría emplear ese dinero en la construcción de viviendas, que podrían alcanzar la cantidad de 64 con esa cifra económica. Además, también insta a que se cumpla con el Decreto que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas. En relación a ello, el PSOE sostuvo, entre otras cosas, que los populares estaban debatiendo lo que debe hacer el gobierno regional.
También se dio lectura al manifiesto del Consejo Local de la Mujer con motivo del 8 de marzo, donde se dejó constancia de la necesidad de lucha por la igualdad de sexos.
Por otra parte, cabe recordar que al pleno también acudieron miembros de la Acampada Dignidad para reivindicar más empleo en la ciudad, de modo que mostraron su rechazo dando la espalda a los miembros de la corporación.
