La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo ha remitido un comunicado de prensa en el que hace alusión a la fábrica de grasas de la localidad. Al igual que ocurrió con los presuntos vertidos en los arroyos, el Defensor del Pueblo ha obligado el ayuntamiento a facilitar información sobre esta fábrica a la plataforma. Sin embargo, el colectivo no se encuentra satisfechos con las conclusiones, afirmando que “se han detectado una serie de irregularidades que hacen comprensible que el consistorio haya querido ocultarla”. El consistorio afirma que no tiene las competencias sobre este asunto, algo que no comparte la Plataforma recordando que en 2008 la Junta de Extremadura otorgó Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la construcción de una balsa de purines y unos estercoleros situados junto a la salida de la N630, añadiendo que el consistorio “negó la licencia de obras y la de actividad”. A pesar de ello, el presidente del colectivo, Félix Lorenzo, ha manifestado que la Administración regional también tiene “bastante culpa”, aunque aluden al ayuntamiento, afirmando que no tienen conocimientos sobre si se han producido informes por parte del químico municipal. Añade que deberían haberse llevado a cabo tras la vista de comprobación realizada por la ingeniera técnico industrial que concluyó que había habido “tres modificaciones sustanciales sin autorización municipal”.
En lo referente a los vertidos producidos por la industria, según la plataforma, el químico municipal afirma que ha comprobado en dos ocasiones la llegada de sustancias “asimilables a grasas” a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Sin embargo, añade el comunicado que el ayuntamiento argumenta que en ninguna de las dos ocasiones se pudo comprobar si la industria era la responsable. Se justifica, entre otras razones, por la distancia que separa la EDAR de la ciudad. La Plataforma ha afirmado que desconoce si el Ayuntamiento realizó alguna inspección para comprobar la denuncia que realizó de la rotura del colector por la que se apreciaba la salida de restos considerables de grasa. Lorenzo ha indicado que esperan conocer la respuesta del Defensor del Pueblo ante las informaciones facilitadas por el consistorio y añade que no han sido impacientes por acudir a esta figura, argumentando que la ley establece la posibilidad de comunicar sobrecarga de trabajo para conceder un mes más de espera.
