UPA-UCE presenta el balance agrario de 2015 marcado por los "bajos precios"

UPA-UCE presenta el balance agrario de 2015 marcado por los
2015 ha sido un año “difícil” para los agricultores y ganaderos, aunque han mejorado su situación respecto a 2014, que fue un año catastrófico para el sector. Así lo ha trasladado esta mañana Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura en una rueda de prensa en Mérida. Ha estado acompañado por miembros de la Ejecutiva regional de la organización y por el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. Así, Huertas ha señalado que a pesar de la mejora “no hemos recuperado la renta perdida, que se sitúa en niveles del año 2000”, lo que ha calificado de “legislatura perdida”. Por otro lado, desde UPA-UCE señalan que los problemas fundamentales del sector en el 2015 han sido climáticos y de precios: “Hemos tenido una primavera muy seca, a la que añadir una otoñada e invierno sin lluvias y con temperaturas elevadas”, lo que ha generado graves pérdidas en el sector ganadero extensivo por valor de 224 millones de euros en nuestra región (88 M € en vacuno, 136 M € en ovino-caprino). También ha habido bajadas de producción en cereales, olivar, viñedo y cereza.  Con respecto a los precios, se han mantenido bajos en la mayoría de los sectores, aunque destaca la recuperación de precios en la fruta y el porcino ibérico (los sectores que mejor han funcionado en 2015); mientras que los que peor han sido el vacuno (por la sequía y los problemas de sanidad animal) y el olivar (por la reducción de cosecha y precios bajos). Para UPA-UCE, los robos en el campo se han convertido en uno de los principales problemas del campo extremeño, que ha generado graves pérdidas económicas e inseguridad: “Nunca habíamos tenido una situación como esta, en la que los agricultores y ganaderos se han tenido que organizar de manera generalizada para combatir esta situación, con los riesgos que esto conlleva”, ha señalado Ignacio Huertas.  Desde la organización agraria han reivindicado que “la seguridad tiene que seguir siendo una cuestión pública que garantice el Estado”, reclamando “más medios y un mayor control en los puntos de venta”.
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