LA UNIÓ de Llauradors de la Comunidad Valenciana y La Unión de Extremadura, ambas integradas en la organización estatal Unión de Uniones, han presentado conjuntamente un recurso contra la limitación del Ministerio de Agricultura (MAPA) para autorizar nuevas plantaciones de uva para la denominación de origen Protegida Cava y piden que se anule la normativa, “ya que perjudica a las zonas productoras de Requena y Almendralejo”, según indica La Unión en nota de prensa.
Ambas consideran que las limitaciones establecidas en la normativa no se atienen a los criterios del Reglamento europeo, “ya que ni contribuyen a una expansión ordenada de las plantaciones, ni se justifica que exista riesgo claramente demostrado de oferta excesiva ni que se produzca una devaluación significativa de la Denominación de Origen, como se argumenta en la Resolución ministerial”.
En el comunicado añaden que no habría existido acuerdo previo entre las partes representativas relevantes de la citada denominación, en especial Almendralejo y Requena, “que incluso mostraron expresa e inequívocamente su oposición a la recomendación que presentó el Consejo Regulador”, de acuerdo con lo expresado por sendas Comunidades Autónomas de Extremadura y Comunitat Valenciana en sus trámites de informe.
Las organizaciones indican que la adopción de la Resolución impugnada, sin el acuerdo de las subzonas de Almendralejo y Requena, “no solo lesiona el procedimiento, sino que atenta contra la unidad del mercado interior, a la libre competencia y despreciando los principios en que aquel se basa, máxime dado que la atribución de hectáreas a ampliar no depende de una distribución equitativa, sino de la prioridad en el registro de la solicitud”, indica la nota.