Representantes de la Asociación de afectados por el IBI y a presión fiscal de Extremadura han mantenido una entrevista personal con el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, con posterioridad también a las reuniones mantenidas con anterioridad con los responsables del OAR de la Diputación de Badajoz. Así lo han indicado en una nota informativa, añadiendo que volvieron a insistir en solicitar información al regidor municipal en relación de “nuestras insistentes peticiones anteriores para que el Catastro de Extremadura realice una revisión general de la ponencia de valores de los inmuebles de Almendralejo, por entender desde la asociación, que el Catastro de Extremadura los tiene excesivamente valorados en la actualidad”.
Según apunta la nota, el alcalde indicó que es conocedor de la intencionalidad de la asociación para que se proceda a la revisión de la ponencia de valores, afirmando que conoce la disponibilidad también de la gerencia del OAR a colaborar en lo necesario para la misma y también que en fecha reciente ha solicitado vía oficial a la gerente del Catastro de Extremadura, “ la necesidad de proceder a una revisión general de los valores catastrales en todo el término municipal para unificar criterios y adecuarlas a la media de otras ciudades, de acuerdo con la normativa vigente.”
En la nota, la asociación también indica que se preguntó a Ramírez sobre el estado actual “de los ingentes recursos de particulares y empresas que se han presentado ante el Catastro de Extremadura por entender los propietarios de los inmuebles que los valores catastrales de los mismos no se ajustan a la realidad actual”. En este sentido, el primer edil hizo entrega de la información que a su vez le remite el técnico municipal de Catastro, en la que se indica que “tras contactar con el OAR y Gerencia de Catastro nos informan que de oficio se están revisando la base de datos de Catastro detectando una valoración incorrecta de ciertas tipologías constructivas (antiguos usos industriales, trasteros u otros usos, que actualmente son almacenes de uso residencial) y principalmente de la valoración del suelo. Con los datos facilitados telefónicamente, los inmuebles afectados pueden estar próximos a los mil; estimo que el importe de la media de las bajadas ronda los 60 euros por inmueble, para el 2022”.
Tras todo esto, la asociación añade que “la insistencia en nuestras peticiones y sobre todo la justeza de las mismas, poco a poco van teniendo sus frutos”.
