Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado sus alegaciones al proyecto de transformación al regadío de Tierra de Barros “apoyándose en el informe elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y exige a la Junta de Extremadura que desestime tanto este plan como la expansión de los regadíos en Extremadura”, según indican en nota de prensa. Sostienen estos colectivos que el proyecto es “insostenible económica y ambientalmente, además de comprometer unas reservas hídricas menguantes que podrían ser claves para el futuro abastecimiento de la población”.
Según manifiestan en el comunicado, en el actual escenario de cambio climático, “una de las mejores medidas de adaptación es la recuperación de los acuíferos, por lo que es imprescindible la protección estricta de las masas de aguas subterráneas y superficiales”. Además de considerar que el Estudio de Impacto Ambiental no evalúa correctamente las afecciones de este plan, lamentan que el proyecto “no haga ninguna alusión a la implantación de modelos de agroecología más respetuosos con las masas de agua y que evitan su contaminación por pesticidas y fertilizantes”.
PLENO MUNICIPAL
Por otra parte, también el proyecto de regadío fue protagonista anoche de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Almendralejo. El concejal del PP, Carlos González Jariego, manifestó la incertidumbre de algunos propietarios por las cantidades estimadas para las expropiaciones, solicitando que se inste a la Junta de Extremadura para aclarar estos asuntos “y evitar retrasos”. Además, la portavoz de Vox, Eloísa Gracia, manifestó que muchos agricultores están comprobando que no se convertirá en regadío la totalidad de sus parcelas, añadiendo que “no es viable agronómica ni económicamente que la mitad sea de regadío y la mitad de secano”.
El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha manifestado que son conocedores de las quejas en cuanto a las expropiaciones, de modo que el primer edil ha podido conversar con algún afectado. El regidor municipal quería conocer sus impresiones a pesar de ser un asunto cuyas competencias recaen en la Administración regional. Así, ha indicado que lo trasladarán a los órganos competentes para conocer los criterios que se han tenido en las valoraciones.
