El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha destacado que los datos del inicio de la vendimia confirman una reducción de la cosecha que se situará en el entorno del 40 por ciento. Así, se estima una producción final que estará en unos 2,2 millones de hectolitros, frente a los 3,5 millones de una campaña media, con una caída del 35 por ciento en uva tinta y del 45 por ciento en uva blanca. En rueda de prensa, ha indicado que, pese a la reducción de la cosecha, destaca la calidad del fruto debido a las condiciones climáticas de esta temporada, que han permitido que la uva tenga unas excelentes cualidades. En este sentido, se demanda que, al igual que se ha hecho con la uva para cava, lo antes posible también se fije el precio para las distintas variedades de uvas que ya se están recolectando.
El dirigente agrario se ha referido a los desembalses que se están produciendo este verano en los pantanos de la región. Para Metidieri esta situación es “alarmante, más teniendo en cuenta que este año la capacidad es de media un 30 por ciento inferior respecto a la del año pasado en algunos embalses”, por lo que ha pedido explicaciones a los responsables de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Guadiana ante “la alta preocupación que han generado estas actuaciones”.
Por otra parte, el presidente de Apag Extremadura Asaja ha lamentado, una vez más, las cartas remitidas por el Ministerio de Trabajo a empresarios del sector, que a su juicio buscan crear conflicto entre agricultor y trabajador en asuntos donde actualmente no existe debate. Metidieri ha defendido que el contrato discontinuo viene funcionando con éxito y suele ser beneficioso para ambas partes debido a la temporalidad de las campañas, frente a otras modalidades por las que apuesta el ministerio “pero que no se adaptan a la realidad del campo, algo que esta temporada también está suponiendo un inconveniente para los agricultores”.
Asimismo, ha insistido en la necesidad de que en la región se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, de forma que la Junta de Extremadura, al igual que se hace en otros territorios, oficialice los datos del gasto producción para evitar que se pague por debajo de estos precios.
