La Comunidad de Labradores de Almendralejo estima que intermediarios e industria pagaron por la aceituna de verdeo un 20% menos de los costes de producción

La Comunidad de Labradores de Almendralejo estima que intermediarios e industria pagaron por la aceituna de verdeo un 20% menos de los costes de producción
Fuente: CEDIDA
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo estima que los intermediarios, puestos e industrias pagaron por la aceituna de verdeo un 20% menos de los costes de producción, tomando como referencia los precios correspondientes a 2020.
La comunidad se ha visto en la obligación de hacer esta estimación de los costes de producción de la aceituna de verdeo en Tierra de Barros, después de la reiterada
negativa del Gobierno de Extremadura a hacer públicos estos datos de manera
oficial.
Para llevar a cabo este análisis ha tomado un modelo de una fanega de olivar
tradicional de secano con 40 pies de olivo, y sobre esa base ha aplicado los costes
que suponen todos los conceptos a tener en cuenta, y que van desde la mano de
obra para las tareas de laboreo, poda y fertilización hasta la recolección, pasando
por los costes de productos fitosanitarios, mantenimiento de maquinaria y
gasóleo.
Los costes para mantener una fanega de olivar tradicional de secano de 40 pies asciende a 657 €. Ahora hay que estimar cuál es la producción de 1 fanega en secano y se establece en 1.500 kilos de aceituna carrasqueña.
Este año 2021 el precio medio de la cogida ha estado en 0,28 € (incluyendo mano de obra, alta en régimen agrario de los recolectores, maquinaria, gasóleo y traslado a puesto o fábrica) y el precio medio pagado ha sido de 0,60 € incluso con calibres inferiores a 300 unidades por kilogramo.

En el estudio realizado, se puede constatar que el coste de producción y recolección de una fanega asciende a 1.077 euros, con una producción estimada de 1.500 kilos de aceitunas, pagadas a 0,60. El importe cobrado sería de 900 euros, por lo que el balance sale con unas pérdidas de 177 euros sobre los costes.
Esta situación fue la desencadenante de la denuncia presentada en su día por
APAG Extremadura Asaja ante a Agencia de Información y Control Alimentario
(AICA), de la que la CLGA espera una pronta respuesta con el fin de saber cómo
se podrá resarcir a los agricultores víctimas del fraude sufrido.
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