La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYG) reclama al Gobierno extremeño que el secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapias, acuda mañana al encuentro con la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros “con certezas y justicia sobre el precio de las expropiaciones a pagar a los afectados por el proyecto de regadío, para que los agricultores sepan a qué atenerse”. La CLYG considera que Mejías tiene mañana “una magnífica oportunidad” para demostrar si el gobierno de Fernández Vara está realmente comprometido con el proyecto de regadío, y para eso -apuntan- solo es necesario “que anuncie un pago justo por las expropiaciones, que evite enfrentamientos entre agricultores y que establezca un calendario claro de actuaciones para despejar dudas y sembrar certidumbres”.
Añaden los labradores que, si el secretario general de Desarrollo Rural no viene con “respuestas concretas y se limita a dar un mitin como en ocasiones anteriores, quedará patente que este proyecto es únicamente un instrumento de propaganda política que utilizan periódicamente a menos de dos años de las elecciones autonómicas”. Los agricultores demandan del representante de la Junta diálogo y negociación “para que la Administración ejerza el arbitraje y establezca unos precios justos y equitativos, sin que los afectados tengan que incurrir en gastos técnicos y jurídicos para valorar y defender sus tierras”.
Aclaran en este sentido que, si los precios quedan en manos de las defensas de los afectados y de la interpretación del juez de turno, se producirá una gran disparidad entre lo que cobren unos agricultores y otros por tierras con similar valor. La Comunidad de Labradores recurre a la larga trayectoria que ya tenemos en lo referente a expropiaciones, como cuando se produjeron las de la autovía, la carretera de circunvalación o la supresión de los pasos a nivel, donde imperó el diálogo y la negociación y la inmensa mayoría de los afectados percibió un precio justo por sus tierras, sin tener que incurrir en gastos técnicos ni jurídicos. Los labradores consideran que, si el gobierno extremeño es incapaz de dialogar y negociar con los afectados para alcanzar un consenso satisfactorio para la mayoría, la Administración debería pagar los gastos técnicos y jurídicos que los agricultores están asumiendo para defender el precio justo de sus tierras.
Los agricultores de Tierra de Barros demandan para los damnificados por servidumbres de paso permanentes o temporales con pequeñas parcelas de tierra -que representan el 87 por ciento del total los afectados- la misma solidaridad proclamada para las pequeñas explotaciones alejadas de los pantanos respecto a las grandes explotaciones próximas a los embalses. Explican en esta línea que, si los afectados de las parcelas más grandes y próximas al agua tienen que ser solidarios con las más pequeñas y más alejadas, que los damnificados por las servidumbres también gocen de esa solidaridad respecto a los afectados por las expropiaciones de grandes fincas y de las balsas -que son el 13%-.
Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo reitera una vez más que, desde el punto de vista técnico, no entra a valorar el proyecto de regadío de Tierra de Barros porque no cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios para hacerlo, y concluye que la decisión de transformar los cultivos de secano en regadío es una decisión única y exclusiva de los propietarios de las tierras.
