La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) denuncia públicamente, después de que varios de sus asociados fueran citados por la Administración, que la Junta de Extremadura ha iniciado el proceso de expropiación de las fincas necesarias para la ejecución del proyecto de regadío de Tierra de Barros “sin que se estén cumpliendo los compromisos adquiridos por la Consejería de Agricultura y anunciados por la Comunidad de Regantes”, según indica el colectivo en nota de prensa.
La CLYGAL explica que, en la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros celebrada el 24 de febrero, los comuneros anunciaron, antes de procederse a la votación del convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, que el precio a pagar por expropiar una hectárea de olivar de secano de 40 pies, con un índice de Productividad (IP 2) pasaba de los 10.228 euros establecidos inicialmente por la Administración autonómica, a los 22.842 después de subir el precio inicial 5.000 euros más un coeficiente del 1,5 por ciento. La asociación indica que en esa misma reunión se informó de que por una hectárea de viña de regadío con menos de cinco años desde su plantación y con un IP 1 se pagarían 34.800 euros, y las explicaciones dadas por los responsables de la Comunidad de Regantes llevaron a la Comunidad de Labradores a apoyar ese Convenio de Colaboración, como públicamente lo manifestó.
Cuando apenas han transcurrido dos meses desde aquella reunión y después de que se iniciara estos días el proceso de expropiación con el levantamiento de actas previas, sin que los agricultores afectados que acuden a las citas de la Administración sepan cuál va a ser el precio final que cobrarán por las tierras que le expropian, la Comunidad de Labradores se siente “totalmente engañada, tanto por la Comunidad de Regantes como por las administraciones públicas”. Añade que, aunque esta forma de actuar de la Junta dilatando los procedimientos no les pilla por sorpresa, “porque nos tienen acostumbrados a que este proyecto se utilice reiteradamente con fines políticos”, confía en que “no sea este el camino definitivo para enterrar el regadío de Tierra de Barros”. Ante esta situación, la Comunidad de Labradores recomienda a los agricultores que acudan al levantamiento de actas previas, que exijan sus derechos y el precio acordado y anunciado, que se incrementó considerablemente desde el inicialmente anunciado.
La CLYGAL subraya que después de más de cinco años el proyecto de regadío de Tierra de Barros “continúa lleno de incertidumbres, de medias verdades, presidido por el incumplimiento de los compromisos e imbuido en una confusión total, con lo que nadie sabe a qué atenerse”. Desde la Comunidad de Labradores exigen al gobierno de Guillermo Fernández Vara que “acredite documentalmente con partidas y plazos el presupuesto que destinará a este proyecto, y se deje de palabrerías y de ofrecer información dispersa respecto al tema”. Los agricultores reclaman, por último, a la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros que agilice los trámites para la financiación del proyecto, una vez que la Junta de Extremadura dé el primer paso para garantizar la ejecución de ese proyecto.
