La Comunidad Autónoma de Extremadura ha inscrito 39 hectáreas de viñedo en la Denominación de Origen Protegida Cava, en aplicación de la sentencia ganada en el año 2018, a pesar de la resolución que establecía tales limitaciones. En total, son 21,10 has de replantación y 17,97 de conversión del término municipal de Almendralejo las inscritas.
En dicha sentencia, el Supremo anulaba dos artículos de un Real Decreto por el cual el Ministerio eliminaba la consulta que debía hacer a las comunidades autónomas a la hora de restringir en las plantaciones de las denominaciones de origen de cava. Además, se estableció que las decisiones sobre las restricciones de replantaciones y nuevas plantaciones en las Denominaciones de Origen de carácter supraautónomico, como la del Cava, deben ser establecidas por el Ministerio, no por el Consejo Regulador como establecía el Real Decreto, al que le corresponde la presentación de la solicitud con la información necesaria que demuestre que hay un riesgo objetivo de devaluación de la producción, para proceder a adoptar nuevas restricciones.
Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo estimó íntegramente el recurso del Gobierno de la Junta de Extremadura, estableciendo que no se había demostrado el riesgo de devaluación del producto, como había solicitado el Consejo y declarando la nulidad de la reforma y condenando en costas a la Administración del Estado, a la Organización Agraria Unión de Uniones y al Consejo Regulador de la DOP Cava.
El sector vitivinícola es clave en la región extremeña, es por ello, que desde la Junta de Extremadura ha trabajado y se continúa trabajando por defender los intereses de los agricultores y agricultoras extremeñas, ya que además, esta situación no supone ningún tipo de devaluación del producto, como lo constata el hecho de que en los últimos años se ha producido un aumento del número de botellas comercializadas por las bodegas de Almendralejo hasta superar los 6 millones en el último año.
