La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) quiere expresar públicamente su "apoyo incondicional a la Plataforma en Defensa de Nuestro Campo, tanto en sus reivindicaciones y demandas, como en las medidas de protesta anunciadas y futuras que emprenda para salvar la situación que están atravesando los agricultores y ganaderos desde hace más de un año, y solicita a la Delegación del Gobierno que autorice la tractorada convocada para el 12 de julio en Badajoz", indican en nota de prensa.
La CLYGAL expone que con la imparable escalada de precios del gas oil, la luz, los productos fitosanitarios, los fertilizantes y cuanto insumo hace falta para el desarrollo de la actividad agraria, a la que se suma la sequía que estamos padeciendo, ‘los agricultores estamos asfixiados, ya no podemos aguantar más’. Añade que la tremenda crisis económica que sufrimos, con una inflación por encima del 10%, no es una cuestión que afecte únicamente al sector primario, sino que se ha extendido al resto de sectores productivos, con especial incidencia en la industria, el transporte y, cómo no, a todos los ciudadanos que vemos como día a día nos empobrecemos un poco más, mientras las autoridades ‘competentes’ son incapaces de frenar este desastre económico y social.
La Comunidad de Labradores considera que "prohibir la marcha convocada por la Plataforma en Defensa de Nuestro Campo es una medida más propia de dictadores bananeros que de gobiernos progresistas y tolerantes, como se proclaman tanto desde Mérida como desde Madrid". Y entiende que "conculcando el Derecho de Manifestación consagrado en nuestra Constitución se evidencia el verdadero talante autoritario e intransigente de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco". "Es intolerable -prosigue- que en pleno siglo XXI la autoridad gubernativa pueda vulnerar la Constitución Española prohibiendo ejercer uno de los derechos fundamentales, como es el de manifestación, a una Plataforma integrada por siete organizaciones agrarias como son Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres), La Unión Extremadura, Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), la Asociación Profesional de Agricultores de Don Benito y Comarca y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Vecinas representativas de todos los estratos de la sociedad".
La CLYGAL concluye que, "si finalmente se impone el talante dictatorial de la Sra. García Seco respecto a la prohibición de la manifestación convocada para el día 12 en Badajoz, la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo respaldará las nuevas movilizaciones anunciadas por la Plataforma, para realizar cortes de tráfico a lo largo y ancho de la Comunidad autónoma los días 29 de julio y 1 de agosto, coincidiendo con las operaciones salida y retorno de vacaciones".
DELEGACIÓN DE GOBIERNO
Por el contrario, la Delegación del Gobierno en Extremadura aclaró en su momento en relación a la manifestación convocada por algunas organizaciones y asociaciones del sector agrario para el próximo día 12 de julio, que "dicha convocatoria no ha sido denegada sino que por el contrario ha sido autorizada, con la salvedad de la entrada de tractores en la ciudad de Badajoz, siempre en base y en cumplimiento de los informes que las Fuerzas de Seguridad dictaminan en estos casos para garantizar la seguridad ciudadana".
En este sentido, cabe destacar que "el recorrido de tractores por carretera ha sido autorizado, su tráfico ha sido ordenado y también se les ha habilitado un lugar de reunión en la ciudad de Badajoz, a la vez que se ha autorizado la manifestación y concentración de personas ante la Delegación del Gobierno respetando de este modo el derecho de reunión, de manifestación y la libertad de expresión", según explican en nota de prensa.
Aclarar asimismo que "las reivindicaciones, tanto verbales como por escrito, de los representantes de dichas organizaciones han sido atendidas para que pudieran ejercer el derecho a la manifestación con total garantía, con la única limitación que la que marcan los informes policiales que velan por respetar tanto el derecho de los manifestantes como la seguridad de los ciudadanos y viandantes". La Delegación del Gobierno dicta esta resolución en cumplimiento de la ley y recuerda que entre sus mayores responsabilidades se encuentra el cumplimiento de las normas, según apunta.
