J.J.R. // El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha manifestado que los recursos de casación que presentarán a las cuatro sentencias relativas a las tasas del servicio de agua se motivan en indicaciones de los técnicos. Se trata de la actualización de las correspondientes al alcantarillado, limpieza y extracción de acometidas, abastecimiento y depuración, sobre las que el PSOE interpuso un contencioso-administrativo que ganó en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Así, el primer edil ha indicado que los recursos de casación que presentarán al Tribunal Supremo se basan en la existencia de “jurisprudencia y base jurídica”. García Lobato ha explicado que las sentencias aluden a la fórmula empleada para calcular la actualización de las tasas, pero no sostienen que no haya que realizarla, ya que se trata de una cuestión recogida en los pliegos de la concesión. Igualmente, el portavoz del Gobierno local, Luis Alfonso Merino, ha manifestado que el informe de la Secretaría General determina las razones por las que se toma tal decisión de recurrir.
Todo ello se puso de manifiesto en la sesión plenaria del mes de marzo, cuando la mayoría absoluta del Partido Popular aprobó la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para presentar tales recursos. Este punto contó con el rechazo de los socialistas, a los que aludió el alcalde afirmando que el PSOE firmó un acuerdo con la empresa concesionaria varios días antes de producirse las elecciones de 2011. El regidor ha indicado que ese convenio “dejaba una hipoteca” para compensar lo que se adeudaba a la empresa a base de las inversiones que la misma debía realizar. Todo ello lo ponía de manifiesto tras apuntar el grupo de la oposición que el equipo de gobierno formalizó un acuerdo en el que se recoge que el ayuntamiento compensaría a Socamex en el caso de no actualizarse las tasas de agua. Sostienen los socialistas que desconocían la existencia de ello, del mismo modo que han cifrado en 415.000 euros la cantidad que debería devolverse a los ciudadanos en caso de acatar las sentencias del TSJEx, añadiendo que supondría un ahorro de 6,2 millones de euros durante los próximos 15 años de vigencia de la concesión.
