Defensa de lo Público pide aclarar el acuerdo entre el ayuntamiento y Socamex

Defensa de lo Público pide aclarar el acuerdo entre el ayuntamiento y Socamex
REDACCIÓN // La Organización Regional en Defensa de lo Público ha solicitado que se aclaren las cuestiones relativas a la actualización de tarifas del agua anunciada reciente por el equipo de gobierno. Así lo exponen a través de una nota de prensa en la que piden al Gobierno local que exponga en el portal de la transparencia el acuerdo al que el ayuntamiento ha llegado con la empresa Socamex. Sin embargo, no aluden solamente a las novedades de este convenio, sino que también hacen referencia a publicar la actualización del contrato que se produjo en el año 2011, así como el acuerdo al que se llegó en 2006. Fue entonces el gobierno socialista quien procedió a la privatización de este servicio. De este modo, el comunicado incide en los últimos cambios producidos, solicitando información sobre la “concesión de cantidades económicas para compensar los resultados negativos de la explotación” de los que “se derivan la subida del precio del agua en un once por ciento para salvar el desfase económico de la empresa y la subvención de 450.000 euros”. Igualmente, piden explicaciones sobre el 1.500.000 euros pagados por Socamex al consistorio. Por su parte, la nota añade que “el equipo de gobierno debe aclarar lo que se ha recibido y queda por recibir del total comprometido por la empresa, acerca del canon que inicialmente fueron 20 millones y tres millones más, tras la ampliación de la concesión en 2011”. Sostiene el colectivo que deben esclarecerse las inversiones en la red de abastecimiento, alcantarillado y en otros conceptos, las invertidas y las que restan. Finalmente, añaden que desconocen “en qué medida se pueden realizar compensaciones de la naturaleza” que el gobierno municipal presuntamente sostuvo, “temiendo estos acuerdos rozan la ilegalidad y se acercan a comportamientos que presuntamente pudieran ser calificados judicialmente como fraudes de ley, cohechos u otras figuras jurídicas en los que la Fiscalía de oficio pudiera investigar”. Se refieren al hecho de no producirse incremento de las tarifas en 2011 a cambio de eximir ejecutar obras e inversiones por valor de cuatro millones de euros, según el apunta el comunicado de prensa.
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