La ordenanza fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sufrirá una actualización tras su aprobación en el Pleno celebrado este martes, de modo que el gravamen de carácter urbano pasará de un 0,55 a 0,58 por ciento, mientras que el IBI rústico descenderá del 0,85 al 0,80 por ciento. Se trata de un incremento del cinco por ciento y una bajada del seis, respectivamente, justificada por la delegada de Hacienda, Juliana Megías, en el aumento de los costes del mantenimiento de los servicios del consistorio, así como de los contratos ligados a su funcionamiento. Respecto al primero de ellos, esto supondrá una subida de unos 15 euros en el recibo anual en un recibo medio, estando por debajo de la media provincial, según ha explicado la concejala.